Con la asesoría de prestigiosos juristas, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) gestionará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Medida Cautelar para la protección al sector estudiantil y de la sociedad civil.
Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUV, informó que intentarán esta medida ante la flagrante violación de los derechos consagrados en la Convención Americana y mientras los organismos internacionales se reúnen para analizar la situación que se está viviendo en Venezuela.
Viloria, a través de un comunicado, señaló que el pasado 12 de febrero el sector estudiantil inició una serie de protestas pacíficas, para exigir reivindicaciones que expresan el sentir de la mayoría del pueblo venezolano, sometido a una grave crisis económica, política y social, que atenta contra el derecho de los pueblos a una vida digna, -dijo- “hemos visto como el Gobierno ha violado repetidamente su Constitución y la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. La arremetida gubernamental contra el legítimo derecho a disentir y protestar de la juventud, ha dejado como saldo 13 asesinados hasta el día de hoy, por lo menos dos de ellos por el SEBIN (policía política) y uno menor de edad; cientos de heridos; y más de 700 detenidos, de los cuales 192 han sido sometidos a régimen de presentación, varios fueron torturados y por lo menos uno violado, estudiantes desaparecidos, recintos universitarios allanados y gran cantidad de bienes del Estado y del pueblo venezolano destruidos.
Afirma que “es así como el Estado venezolano criminaliza la protesta pacífica y viola el derecho fundamental a la vida y a la integridad y dignidad personal. La situación más grave se ha presentado por la participación de colectivos civiles que actúan como organismos parapoliciales, y que de manera abusiva atentan contra la vida de los manifestantes con gran impunidad y apoyados por los organismos de seguridad del Estado”.
Destaca que a las Universidades venezolanas, “les corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, la FAPUV debe “Propiciar y mantener los Principios de respeto a los Derechos Humanos y a las Instituciones Democráticas”, y a los profesores universitarios les corresponde: “la orientación moral y cívica … la enseñanza universitaria inspirada en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal”.
La FAPUV y otros federaciones piden al Gobierno venezolano: el cese inmediato a la brutal represión armada contra las protestas por parte de los cuerpos policiales, parapoliciales y Guardia Nacional Bolivariana; la libertad plena de todos los estudiantes encarcelados; el castigo a los culpables de los asesinatos, lesiones y torturas que se han producido como respuesta a la legítima protesta estudiantil; un pronunciamiento del Ministro de Educación Universitaria en defensa de nuestros estudiantes y que ejerza las acciones que estén a su alcance para que los cuerpos represivos del Estado actúen dentro del marco constitucional.; el desmantelamiento de los grupos paramilitares que azotan con su violencia al pueblo venezolano; tribunales imparciales para que el pueblo tenga acceso a la justicia; una Fiscalía y una Defensoría imparciales para que el pueblo tenga a quien acudir cuando se violentan sus derechos fundamentales, con alguna garantía de defensa; un Poder Electoral imparcial para que los sectores políticos que hoy polarizan la vida nacional, y cualesquiera otros que puedan surgir, se cuenten periódicamente con garantía de que la voluntad popular será acatada por todos; Cuerpos militares concentrados en defender la Soberanía Nacional y no en reprimir al pueblo; cuerpos policiales concentrados en defender a la ciudadanía del hampa desbordada, con apego a los derechos humanos y el debido proceso, y no en reprimir al pueblo; diálogo social con acuerdos en materia laboral, económica, de salud, de soberanía nacional, ambiental y educativa, en función de los intereses generales del pueblo venezolano.
Sin embargo, afirma Ramírez, hasta el momento, la respuesta obtenida es mayor represión, mayor abuso de autoridad, uso abusivo de armas y gases prohibidos contra las manifestaciones pacíficas. No se vislumbra ninguna intención de corregir este ataque inclemente contra los estudiantes y la sociedad civil venezolana por parte del gobierno venezolano.
