El Consejo Universitario de la Universidad de Oriente (CU-UDO) autorizó a la rectora, doctora Milena Bravo de Romero, a «adherirse a través de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) al Recurso de Nulidad interpuesto por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por la Fiscal General de República, Dra. Luisa Ortega Díaz, conjuntamente con amparo y medida cautelar de suspensión del acto administrativo, emanado del Consejo Nacional Electoral, que fijó las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada írritamente por el Presidente de la República, y que acordó la realización de elecciones el 30 de julio del presente año para elegir a los diputados que participarán en el señalado evento comicial.

La sesión extraordinaria del CU-UDO se realizó el 9 de junio 2017 en la sede del Rectorado en Cumaná- estado Sucre.

Los consejeros udistas consideraron en su resolución «que las universidades nacionales son instituciones al servicio de la nación y a ellas corresponde colaborar con la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Que la enseñanza universitaria se inspira en un definido espíritu democrático, de justicia social y de solidaridad humana, y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. Que en observancia de lo antes expresado y como parte de las instituciones universitarias del país, la Universidad de Oriente está obligada al resguardo de los derechos e intereses de los ciudadanos, dentro de los cuales está el de ejercer la soberanía que le es atribuida en el artículo 5 del texto constitucional. Que el Consejo Nacional Electoral (CNE) en obediencia a las exigencias del presidente de la República quien sin estar facultado para ello ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente, en franca violación del derecho atribuido al pueblo venezolano… Que las Universidades Nacionales democráticas y plurales, entre ellas, la Universidad de Oriente, respetuosas del ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo, deben alzar su voz y coadyuvar en todo cuanto sea necesario para preservar los valores y principios del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia proclamado en el artículo 2 del texto constitucional».

Fuente: Prensa Rectorado-UDO.