Más de un año tiene la directiva del Sindicato Asociación de Profesionales Administrativos de la Universidad de Oriente esperando por una audiencia con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para reclamar el pago del aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional.
La demanda se expresa a través de un comunicado publicado en el Diario El Nacional el 23 de octubre que califica como atropello a unas 800 familias a las que el Gobierno, viola derechos constitucionales, convenciones colectivas, Ley del Trabajo, Resoluciones Universitarias y ICCU para el sector universitario en su Cláusula 102.
Aunque el Ministerio reconoció, a través de un Acta con fecha 23 de abril 2014, el derecho de los trabajadores y ordenó la transferencia de los recursos a la UDO, tal y como lo venía haciendo en las tres últimas décadas, posiciones personales y sin fundamento legal, han represado dichos recursos.
