Diego Scharifker, presidente de la FCU-UCV, indicó que entre las iniciativas se encuentra la legalización de las diferentes federaciones de centros universitarios, así como los centros estudiantiles de las diferentes escuelas y facultades, como órganos legítimos dentro de la estructura organizativa de las casas de estudios superiores.

La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) planteo este miércoles, en rueda de prensa, una serie de propuestas de cara a la discusión de una nueva ley de universidades, la cual hicieron llegar a la Asamblea Nacional (AN) a través del diputado Miguel Pizarro.

Diego Scharifker, presidente de la FCU-UCV, indicó que entre las propuestas se encuentra la legalización de las diferentes federaciones de centros universitarios, así como los centros estudiantiles de las diferentes escuelas y facultades, como órganos legítimos dentro de la estructura organizativa de las casas de estudios superiores.

Hicieron entrega al Parlamento de un documento que contiene la Ley de Educación Universitaria preparada por el Gobierno, el proyecto elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y las propuestas de la UCV.

Además, expresan la necesidad de homologar el monto de las becas a por lo menos 50% del salario mínimo, lo que automáticamente actualizaría las mismas cada vez que se hagan ajustes de ese indicador.

Los estudiantes también plantean crear una comisión intergremial para resolver las diferentes situaciones de índole laboral que se suceden dentro de las universidades.

Por otra parte, respaldan que empleados y obreros tengan participación en la escogencia de las autoridades y que tengan representación en los consejos universitarios, indicó Scharifker.

Igualmente, piden elevar la representación estudiantil en el consejo universitario de tres a cinco miembros.

También plantean el reconocimiento y ratificación de la autonomía territorial de las universidades: campus, estaciones experimentales y zonas especiales de protección universitaria.

Además proponen la creación de un consejo de contraloría social universitaria para garantizar la transparencia institucional y administrativa. Dicho consejo estaría integrado por un representante del Ministerio de Educación Superior, de la Asamblea Nacional, estudiantil, de los consejos comunales, de la Contraloría General de la República, del Consejo Universitario y una organización no gubernamental (ONG).

También exigen la ratificación y creación de nuevas zonas rentales para las universidades venezolanas, dada la necesidad de generar ingresos propios para su autosostenibilidad económica. Basados en el estatuto republicano suscrito por Simón Bolívar en 1827.

Por otra parte, plantean la necesidad de crear un programa para que las universidades experimentales puedan transformarse en universidades autónomas, tomando como partida un período de dos a tres años.